La información para la toma de decisiones excede a la información económico-financiera tradicional. Distintas iniciativas orientadas a asegurar el contenido y la calidad de los informes que comunican los múltiples impactos de las organizaciones ponen de manifiesto la necesidad de contar con una regulación sobre información compleja y plural que comprende aspectos económicos, sociales, ambientales y de gobierno societario. Al mismo tiempo, la práctica de las empresas de divulgar información sobre su contribución a la sostenibilidad ha aumentado rápidamente y en línea con la demanda de información de las partes fortaleciendo así el proceso de toma de decisiones de todos los grupos de interés. Resulta relevante la construcción de una propuesta nacional de Balance Social que garantice la calidad de la información que se publica y la transparencia de la organización informante en armonía con su contexto local. La calidad y el modo de presentar dicha información influyen tanto en sus posibilidades de ser utilizada por todo el conjunto de usuarios como en la compresión adecuada de la misma. Para cumplir con su finalidad, la información contenida en el Balance Social debe satisfacer los requisitos teórico-metodológicos de estándares generalmente aceptados. Estudios empíricos han constatado que la decisión de emitir información sobre la sostenibilidad se ve influenciada por determinadas características de las empresas, tales como su dimensión, sector y mayor exposición mediática. Dichos estudios, también confirman la importancia de la “teoria de la legitimidad” y reconocen el creciente protagonismo de los Informes de sostenibilidad en los últimos años, debido a un cambio de pensamiento global sobre cómo se percibe el valor de la empresa. El Balance Social constituye una herramienta clave que permite a la empresa mostrar una visión más amplia sobre su gestión de riesgos y oportunidades, dentro de una actitud consciente de los temas de la agenda de sostenibilidad vigentes en su entorno y en el mundo, como por ejemplo la escasez de agua, el cambio climático y la pobreza extrema. Algunas investigaciones regionales y nacionales, revelan que, generalmente, los Balances Sociales analizados no reúnen las cualidades de una buena información contable, en especial porque los impactos informados están poco cuantificados y, en caso de estarlo, lo hacen en diferentes unidades de medida. Sostienen que no es posible identificar si las necesidades y demandas legítimas de los grupos de interés han sido escuchadas y tomada acción al respecto. Con relación al alcance y los límites, estos no son claramente definidos en la mayoría de los reportes, tienden a concentrarse en las informaciones positivas y la falta de equilibrio perjudica su credibilidad. En general, no se emplean términos uniformes, lo que altera la comparabilidad, la síntesis se ve amenazada por el exceso de páginas y el aseguramiento resulta ser poco frecuente. Nuestra investigación se focaliza en el caso de las organizaciones privadas lucrativas. Nos centramos en analizar cincuenta Balances Sociales emitidos por organizaciones que operan en Argentina, en particular abordamos la dimensión económica y aspectos de su aseguramiento. Los informes estudiados son todos los publicados en la base de datos de GRI en el período 2015, ellos corresponden a reportes de empresas grandes y multinacionales, siendo casi nula la inclusión de PyMEs. Estudiamos la calidad de la información contemplando los Principios de AccountAbility (AA) y de Global Reporting Initiative (GRI), las demandas de los grupos de interés y la aplicación de normativa nacional. Los resultados ponen de manifiesto que las empresas analizadas emiten los Balances Sociales cumpliendo formalmente con la aplicación del marco teórico - metodológico de AA y de GRI. El empleo de la Tabla de contenidos permitió un fácil acceso y localización de la información, el número de años reportados y el empleo del Complemento sectorial evidencian atributos de calidad. Sin embargo, las inconsistencias relevadas, la confusión en el lenguaje por falta de uniformidad en las denominaciones, el uso escaso del Balance Social como canal de diálogo, la debilidad en el alineamiento del contexto macro con el micro y la falta de integridad ponen en tela de juicio el contenido y la calidad del Informe. Con relación a aspectos específicos del Balance Social: no hay uniformidad en el título del informe, el número de páginas resulta excesivo y la mayoría fue elaborado en la versión core o esencial. Las debilidades expuestas ponen de manifiesto la importancia de la idoneidad de los encargados de la preparación de los Balances Sociales y la necesidad de un aseguramiento externo. Al respecto, el profesional en Ciencias Económicas, por su formación académica y expertise tiene la habilidad y pericia requeridas. El hecho de que los firmantes de los informes de aseguramiento mayoritariamente sean Contadores Públicos, evidencia un reconocimiento de parte de las organizaciones contratantes del servicio de la incumbencia de estos profesionales. La versión GRI G4 establece que aquellas organizaciones que elaboren sus Informes “de conformidad” con la Guía y opten por la versión exhaustiva o comprehensive, deben informar todos los indicadores relacionados con cada uno de los aspectos identificados como relevantes. Surgió de nuestro análisis, que para cumplir con los principios de calidad enunciados en la propia norma, los Balances Sociales elaborados en dicha versión por empresas, deben completar todos los indicadores económicos, y en caso de omitir, explicar. Fundamentamos nuestra afirmación en considerar que en las organizaciones empresarias, el aspecto económico es siempre relevante. Los Indicadores Económicos, en sus aspectos generales, son expuestos de modo incompleto sin justificar parcialidades ni omisiones; mayormente no se exponen de modo comparativo, incluyen información no pertinente y tienen una baja frecuencia de verificación externa individual. En sus aspectos particulares, los desvíos más significativos se refieren al empleo de diferentes unidades de medida en los impactos cuantificados, errores conceptuales sobre el contenido, es escasa la medición de impactos y no evidencian conectividad con los estados contables. En la mayoría de los casos existe información relevante no incluida en los Balances Sociales bajo análisis. Constatamos que existiendo participación del Estado en el paquete accionario, dicha participación generalmente no se informa. El sector de las empresas Extractivas y Petroleras (Energía) mostró en todos los casos demandas no atendidas y en particular, las Extractivas, ignoran reclamos que son de alta repercusión en los medios de comunicación. La mayoría de los requerimientos - el Grupo Comunidad fue el que más reclamos sin respuesta registró - de índole social y/o ambiental, no incluidos en los Informes, evidenciaron tener impactos económicos en las empresas. Se incluyen relatos que pretenden mostrar la responsabilidad social de la empresa sin referirse a documentación respaldatoria, vaciando de contenido útil el Informe que resulta ser una “cascara vacía”, que termina comunicando cuestiones superficiales y acciones filantrópicas aisladas. Los informes tienden a concentrarse en informaciones positivas afectando el Principio de “equilibrio”. Todo esto evidencia un empleo del Balance Social como un instrumento declarativo en el que la información divulgada resulta dirigida a legitimar las prácticas adoptadas por las empresas. En cuanto al cumplimiento de normas contables y legales de nuestro país, no surge del relevamiento aplicación de leyes y decretos provinciales vigentes sobre el tema responsabilidad social y Balance Social, mientras que las normas profesionales RT36 (Balance Social) / RT44 tuvieron una aplicación casi nula. En cuanto a la obligatoriedad, para las empresas que cotizan en bolsa, de comunicar el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario en lo que se refiere a la emisión del Balance Social, nuestra investigación evidencia inconsistencias. Lo señalado precedentemente, junto con el hecho de que la información que analizamos es de publicación voluntaria, estaría indicando que sería ventajosa la existencia de una legislación nacional que regule la presentación de información sobre sostenibilidad. Los resultados también revelan, a los organismos reguladores y emisores de normas y guías, la importancia de fomentar la verificación del Balance Social, ya que, si bien los Informes analizados declaraban seguir el Marco G4 propuesto por GRI, los desvíos evidenciados con relación a la información publicada y los requerimientos no atendidos de diversos grupos de interés, no solo muestran la dificultad del proceso, sino que recuerdan la importancia del aseguramiento de los Informes con el objeto de mejorar su calidad y credibilidad. El carácter público de este tipo de Informes, hace que sean documentos que toda persona tiene derecho a solicitar y deben, por lo tanto, satisfacer los atributos de calidad de la información en beneficio tanto de los usuarios como de la entidad informante. Planteamos una serie de recomendaciones y casos de buenas prácticas que, entendemos, servirán para mejorar los aspectos que hacen a la calidad de la información, confiando en que ellas se constituyan en verdaderas contribuciones para la construcción del “Balance Social” en Argentina.