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Las carreras de posgrado, tales como las de Especialización, Maestría y Doctorado, han crecido significativamente en las últimas décadas en nuestro país. A pesar del crecimiento en su matrícula y de una mayor oferta de carreras, se ha visto que alrededor del 50% de los estudiantes postergan su culminación o la abandonan. Este fenómeno se ha asociado a que la escritura de la tesis representa, en muchos casos, una de las fases más arduas; proceso que demora más tiempo y en la que suelen presentarse obstáculos difíciles de remontar. En este sentido, la escritura en el nivel de posgrado cobra importancia ya que tiene relación con la adquisición y elaboración de conocimientos disciplinares. Además, la escritura ha comenzado a ser conceptualizada como un elemento central en las prácticas pedagógicas de formación para la investigación, por lo que saber leer y escribir en el posgrado resulta crucial en el proceso de formación de investigadores; y es por medio de la tesis, y de otros textos científicos y académicos, que el tesista forma su identidad como escritor de una determinada comunidad académica y adquiere modos específicos de escritura. En este trabajo final se pretende presentar cuáles son las dificultades relacionadas con los procesos de lectura y escritura durante el desarrollo de la tesis doctoral de la carrera de Doctorado en la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y cuáles son los factores a los que se les atribuyen. Mediante una aproximación metodológica de carácter cualitativo, se intentó dar cuenta de las dificultades experimentadas por los estudiantes, en relación con los procesos de lectura y escritura, y se describen los modos en que esas dificultades influyen en el rezago y abandono de la carrera. Para ello, se realizaron entrevistas a los estudiantes de la Carrera de Doctorado de la institución homónima; se consideraron 3 subpoblaciones de estudiantes: regulares, rezagados y aquellos que abandonaron la carrera. Asimismo, se realizaron encuestas a directores de la misma institución con el fin de indagar cómo perciben ellos las dificultades que se presentan en los estudiantes de la carrera. Los resultados muestran que un alto porcentaje de estudiantes ha tenido inconvenientes en el avance de sus planes de tesis debido a la escasa oportunidad de intercambio con sus directores. No obstante, los estudiantes manifestaron (58%) haber buscado apoyo en colegas (que se desempeñan en la misma institución) u otros grupos de trabajos externos a la institución. Resulta llamativo que ninguno de los directores se asume como responsable de guiar a sus tesistas en las prácticas de lectura y escritura, en el marco de la tesis que dirigen; no obstante, han hecho notar (66%) que existe poca oferta de cursos que hacen a esta práctica del doctorando. Finalmente, invito a los involucrados: tesistas, directores y lectores de este trabajo a plantearnos ¿Cuál es el profesional que se intenta formar en la Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias? ¿Cuáles son las prácticas académicas y científicas que se deben aprender durante la carrera? Es así como, a través de este trabajo final, intento plantear la necesidad de quitarnos el antifaz que suponen algunas prácticas de la tradición pedagógica de esta institución que no contribuyen a una adecuada formación en el nivel, y que nos enfrentemos a un nuevo desafío para desnaturalizar aquello que parece obvio y establecido. El trabajo culmina de este modo con un planteo acerca de cuál es el perfil del egresado de posgrado que debiéramos formar en esta institución, y cuál es el compromiso que se impone a los que formamos docentes investigadores en el posgrado para poder alcanzar satisfactoriamente ese ideal.

Las Leyes Nros. 18.073 y 18.796 establecieron en sus anexos los Límites Máximos de Residuos (LMR) de determinados plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios, autorizando a la autoridad administrativa su modificación. Posteriormente, por Ley N° 20.418 se determinó el régimen general, delegando expresamente al organismo de aplicación que determinara el Poder Ejecutivo Nacional (hoy el MAGyP y el SENASA), la competencia sobre reglamentación y fijación de las tolerancias y límites administrativos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de la agricultura y la ganadería, actualmente prevista en la Resolución SENASA N°934/2010. Esta Ley, expresamente en su Artículo 4°, dispone que "Cuando resulte imprescindible, el organismo de aplicación queda facultado para autorizar el empleo de plaguicidas para otros usos que no sean los previstos en su inscripción, debiendo en ese caso establecer los límites administrativos para los productos y subproductos agropecuarios que correspondan, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación". Es decir que existe normativa de ordenamiento superior que establece un marco de excepción que corresponde contemplar para las situaciones especiales o de emergencia, lo que sin duda alcanza a la problemática de los cultivos menores, también llamados desprotegidos. Es necesario, en primera instancia, definir que es un cultivo menor o desprotegido. Se trata de cultivos que por sus características de producción o consumo reducido y de baja importancia relativa en la participación de la producción agrícola global, la superficie cultivada total es escasa, las cantidades producidas son bajas, el consumo es bajo y el valor obtenido de la producción total es reducido. En general son productos destinados al mercado interno, no transables en el comercio internacional y, como consecuencia de esto, no cuentan siquiera con límites máximos de residuos (LMR) establecidos en el Codex Alimentarius, por lo cual tomar como referencia al Codex o pretender reglamentar internamente un LMR para estos cultivos sobre la base de los LMR del Codex es una traba insalvable. Paralelamente, debido a que la norma de registro vigente, la Resolución SAGPyA N°350/99 que aprobó el “Manual de procedimientos, criterios y alcances para el registro de productos fitosanitarios en la República Argentina”, continuó con los requisitos exigidos para ampliaciones de uso de agroquímicos a los dispuestos desde el año 1988 cuando se aprobara el primer manual, requisitos que consisten en ensayos de campo que deben realizarse en tres zonas agroecológicas distintas durante dos ciclos de cultivo, se puede inferir claramente que los costos a ser afrontados por las empresas para registrar un uso nuevo son de consideración, tomando en cuenta, además, que deben sumarse los costos de análisis de laboratorio para determinar el nivel de residuos presente en los productos vegetales, ya para consumo en fresco o para industrializar como materia prima de un alimento. Como consecuencia de esas exigencias, para las empresas que tienen productos registrados y son las que desarrollan los estudios de campo, los denominados cultivos desprotegidos en función de su escasa superficie cultivada o a la aplicación de agroquímicos en forma ocasional y poco frecuente, no constituyen, por su escaso volumen, un mercado que justifique la inversión en el desarrollo de ampliaciones de uso y demás exigencias normativas para la extensión del registro de agroquímicos a tales cultivos. En dichas condiciones, la ecuación económica inversión-recupero no resulta atractiva para un registrante particular, lo que priva a los agricultores y al mercado de fitosanitarios, de herramientas terapéuticas (ver consideraciones de la Resolución Ex SAGPyA N°1384/04). Es por eso, entre otras cosas, que existen producciones que no cuentan con herramientas de control fitosanitario y carecen de agroquímicos permitidos para la protección de cultivos o, si cuentan con algunos, los recomendados resultan insuficientes para el espectro de control que tienen que cubrir. La falta de productos para control, sumado a la necesidad de proteger la sanidad y calidad comercial del cultivo, generan la utilización de agroquímicos en vegetales o derivados de vegetales para los que no existe la recomendación de uso autorizada, derivando en un peligro para los consumidores cuyo riesgo no está evaluado al no haberse cumplido con el proceso de registro antes de su uso. Además de la importancia de contar con herramientas de control fitosanitario suficientes para prevenir, controlar o destruir organismos nocivos para los vegetales producidos, también resulta condición indispensable la seguridad de los alimentos para asegurar un nivel adecuado de protección al consumo humano y animal. No deja de generar preocupación que, ante la necesidad de proteger sus cultivos de plagas y enfermedades, los agricultores utilizan agroquímicos con años en el mercado y que a la vez han demostrado su eficacia, en cultivos diferentes de aquéllos para los cuales su uso está expresamente autorizado, sin perjuicio del hecho que ante la falta de alternativas autorizadas, la elección de agroquímicos para su uso no autorizado, no toma en consideración los peligros derivados de su aplicación, ya que la opción “por precio” hace que se elija el más barato que no siempre resulta el más seguro para la salud o el ambiente. Es decir, el problema a resolver no sólo se enfoca en la falta de herramientas para los tratamientos fitosanitarios de los cultivos menores sino en establecer parámetros controlables para un nivel adecuado de protección a los consumidores de esos alimentos, ya que de mantenerse la situación anárquica por la cual queda en manos de los productores la decisión de los agroquímicos a utilizar en caso de no disponer de alternativas autorizadas, se seguirá registrando un nivel de preocupación elevado respecto al riesgo de intoxicación del consumidor atento que no es viable esperar que no se producirán desvíos de uso y éstos, generalmente y en función de los datos disponibles de los monitoreos de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas frescas, se hacen optando por sustancias activas de mayor toxicidad por ser, en general, las de menor precio y mejor espectro de control. Se parte, entonces, de la evidencia que todo esto configura la situación ya comentada y prevista en el Artículo 4° de la Ley N°20.418, por lo que resulta imprescindible que el organismo de aplicación de la citada Ley, el SENASA, en el uso de sus facultades, autorice el empleo de plaguicidas para otros usos que no sean los previstos en su inscripción, debiendo en ese caso establecer los límites administrativos para los productos y subproductos agropecuarios que correspondan, según lo que establezca la reglamentación que debe crearse para el caso de los considerados cultivos desprotegidos en forma permanente y no temporal. En otro orden, resulta altamente limitante al desarrollo de nuevos usos la restricción respecto a que las empresas que tienen productos registrados son las únicas que pueden solicitar una ampliación de uso. No existe ley, decreto o norma alguna que exija tal exclusividad restrictiva. Las normas vigentes exigen que las empresas que realizan trámites ante el registro tienen que estar registradas. El requisito de registro de la empresa debería ser suficiente para solicitar una ampliación de uso, independientemente de cuales empresas se beneficien luego. Por otra parte, el SENASA, ante una emergencia como la que se plantea, debería actuar de oficio. No hay norma que se lo impida. Esto queda demostrado en la implementación de procedimientos en la segunda mitad de la década de los años noventa en la que se aprobaron usos mediante procedimientos especiales, tanto en cultivos con destino a la alimentación como en florales y ornamentales, sobre la base de la información aportada por autoridades competentes provinciales y comisiones de lucha contra plagas con participación de representantes gubernamentales y no gubernamentales. Consecuentemente, las normas nacionales sobre residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y sobre registro de productos fitosanitarios en la República Argentina, las normas internacionales sobre registro de productos fitosanitarios, las normas internacionales multilaterales sobre residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal, las normas internacionales regionales (MERCOSUR, Unión Europea, COSAVE, otros) y de países de alta vigilancia sanitaria (Canadá, Estados Unidos, Australia, otros) sobre residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y usos menores, los documentos del Codex Alimentarius sobre residuos de plaguicidas en alimentos de origen vegetal y usos menores y los informes sobre monitoreo de residuos de plaguicidas en hortalizas desarrollados por el SENASA y la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires son antecedentes básicos para el desarrollo del trabajo y fundamentan la propuesta resultante. El objetivo del estudio, una vez evaluados los antecedentes nacionales e internacionales junto con los diagnósticos resultantes de los programas de monitoreo y de control de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas, es proponer la normativa debidamente fundamentada para implementar un procedimiento especial y permanente para ampliar usos de agroquímicos en los cultivos menores, fijando límites máximos de residuos mediante procesos sostenibles, evitando las regulaciones coyunturales, temporales o transitorias. Estos procedimientos contemplan la participación de organizaciones públicas de investigación o reglamentación como generadoras de datos o como garantes de datos que se originen en sus jurisdicciones como sustento al establecimiento de límites máximos de residuos en los denominados cultivos menores.

El estudio se centró en el análisis y la caracterización de los procesos de inserción de un grupo de estudiantes (20 en total), con los cuales -a través de mi rol de tutora y docente a la vez de la materia Bioquímica de primer año- pude tener un acercamiento más amplio. A partir del discurso en cuestionarios de cada integrante del grupo y de cuatro de dicho/as estudiantes entrevistados/as, pude indagar acerca de los obstáculos que, como actores que transitan la institución, habían advertido. A su vez pude saber qué rol habían jugado en su proceso de inserción las propuestas didácticas que los y las docentes habían desarrollado, el diseño curricular de la carrera y el contexto institucional en el cual había transcurrido su oficio de estudiante. A partir del análisis de los cuestionarios y de las entrevistas fue posible distinguir como principales obstáculos para construir su oficio de estudiante: la base de conocimientos previos y habilidades cognitivas inadecuadas (comprender, razonar, leer textos académicos, escribir con el lenguaje de la especialidad, etc.); los problemas socio-económicos que otorgarían oportunidades diferentes; la falta de apoyo familiar. Con respecto a esto, diversos autores catalogan el apoyo familiar—y en los estudiantes más jóvenes, el de los padres— como un factor decisivo para el desarrollo y mantenimiento de aspiraciones educativas y ocupacionales y, por ende, de una motivación sostenida. Podríamos añadir que ese respaldo también incide en las actitudes y posibilidades del estudiantado para enfrentar las dificultades del periodo de transición (Ezcurra, 2005). Además, en el caso de los y las estudiantes que tienen un estatus socioeconómico adverso -como L.- en general viven condiciones de estudio inadecuadas en sus casas. Por ello, y cuando predomina este perfil del alumnado, el medio ambiente institucional resulta primordial y, de hecho, es muy apreciado. En ese marco, la biblioteca adquiere un papel crucial. En otros términos, constituye un apoyo sustancial para ese tipo de población (Ezcurra, 2005). Por otro lado, capitales culturales familiares lejanos a la cultura intelectual universitaria inciden en la existencia de insuficientes conocimientos. También fueron señalados como obstáculos las dificultades en la interacción con el nuevo lugar y el tener que enfrentarse con nuevas obligaciones propias de la vida universitaria. En los y las estudiantes que viajaban desde el conurbano fue un importante factor el viaje, que en la mayoría de los casos les demandaba varias horas y en algunos de ellos interfirió en la continuidad de sus estudios. En cuanto al contexto académico, en su mayoría los y las estudiantes indicaron ciertos aspectos que pueden situarlo como un obstáculo para el desarrollo de sus estudios (falta de orientación profesional, mayores exigencias, mayor carga horaria; en algún caso también la obligatoriedad de asistencia a clases y la falta de información). Con respecto a los aspectos facilitadores del proceso de inserción en la Facultad, en primer lugar para la mayoría, el CI, con su carácter nivelatorio y sociabilizador debido a las actividades evaluativas integradoras, actuó como un primer eslabón en el camino de construcción del oficio de estudiante. En otros casos, el trato recibido dentro de la institución influyó positivamente. También las actividades grupales que se desarrollaban en las materias, tanto del primer como del segundo cuatrimestre, fomentaron la inserción de los y las estudiantes. Por otra parte, las actividades organizadas institucionalmente, por ejemplo por el Centro de Estudiantes -tales como las tutorías en ciertas materias, los torneos de fútbol o las oportunidades de militancia- ayudaron a los y las estudiantes a sociabilizar y afianzarse dentro de la Facultad.

El virus de la leucosis bovina (VLB) es el agente causal de la Leucosis Enzoótica Bovina (LEB), enfermedad de distribución mundial, presente en nuestro país. En nuestro país los niveles de prevalencia oscilan entre 33% a 84% dependiendo del tipo de explotación bovina, estos altos valores de prevalencia se traducen en grandes pérdidas económicas incluyendo la perdida de mercados internacionales. El programa nacional de control y erradicación reglamentado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)resolución 337/94, se basa en el diagnóstico serológico de la LEB y segregación de animales positivos. El diagnóstico de la LEB se basa en la detección de anticuerpos contra las dos proteínas inmunogénicas del virus: gp51 y p24. Para su detección existen varias pruebas inmunodiagnósticas, las que utilizan una u otra proteína purificadas o recombinante. En este trabajo se desarrolló una prueba de ELISA dual indirecto y como antígeno diagnostico se utilizó una mezcla de proteínas recombinante p24 y gp51, producidas en sistema bacteriano y de baculovirus respectivamente. Se evaluaron un panel de 194 sueros, cuyos resultados se contrastaron con los resultados obtenidos por otras dos técnicas aprobadas: Inmunodifusión en gel de agar y un ELISA indirecto comercial. El análisisde repetibilidad intraplaca de nuestro ELISA dual arrojó un valor de 0.992 de “coeficiente de concordancia” (CCC). Las características operativas de la prueba se analizaron por el programa estadístico STATA SE 11 y TG-ROC. Para una dilución sérica de 1/25 y un valor de corte de 0.3 la sensibilidad fue de 95.65% y 91.30% de especificidad. Los análisis estadísticos de los resultados obtenidos con nuestro ELISA gp51r/p24r son muy alentadores para continuar con la validación de la prueba, con la finalidad de contar con una herramienta diagnóstica para optimizar el control y facilitar los planes de erradicación de la LEB en nuestro país.

La programación fetal representa los cambios en la expresión génica del feto que son promovidos por causas nutricionales y/o endócrinas que ocurren en la vaca durante la gestación. Lo interesante es que estos cambios repercuten en aspectos de la vida adulta de la progenie, como por ejemplo, su performance productiva. El objetivo del estudio fue evaluar qué efecto poseen en la primera lactancia de las hijas (producción de leche acumulada hasta los 150 días): 1) la lactancia de la madre durante la gestación; 2) el número de gestaciones de la madre (1 a 8); 3) los días en lactancia y 4) la secreción de energía en la leche de la madre al momento de la concepción. Los datos se obtuvieron de una base de que contiene registros de 1131 tambos de la región pampeana durante el período 1981 a 2011 y se analizaron con un modelo de regresión lineal mixto (SAS 9.3). La producción de leche de las hijas a los 150 días disminuyó a medida que aumentaba el número de partos de la madre (valor de P <0,05). Las hembras que fueron concebidas antes de los 150 días en leche produjeron menos que las que fueron concebidas posteriormente (P <0,05). Por el contrario, la energía secretada en leche no tuvo efecto (P <0,05) sobre la producción de las hijas (P >0,1). En conclusión, los cambios metabólicos que enfrentan las vacas en lactancia al momento de la concepción y posiblemente, a consecuencia de las sucesivas gestaciones, repercuten en la producción futura de la descendencia.

El actual Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA) de Argentina, se estableció a través del Decreto PEN 815/1999 con un objetivo primordial “asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario Argentino (CAA)”. Este último creado en 1969 a través de la Ley 18.284, y reglamentado en 1971 por el decreto 2126. El decreto 815/1999, estableció el actual SNCA mediante el uso de dos organismos del Estado como pilares: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dependiente del actual Ministerio de Agroindustria, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnológica Médica (ANMAT), del Ministerio de Salud. El SNCA otorgó facultades y obligaciones a cada uno de ellos, creó la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) cuya función es principalmente modificar el CAA, definió quién y cómo se fiscalizarán los productos alimenticios que se elaboran, importan y exportan desde y hacia Argentina, estableció la creación de una “única base de datos informatizada”, y rigió las “competencias concurrentes” para el control de los productos lácteos. Para ello, consideró toda la legislación sanitaria preexistente y, sin derogar ni modificar ninguna de ellas, redistribuyó y reasignó facultades y obligaciones de manera diferente a como lo era hasta ese momento. Finalmente invitó a las provincias a adherirse, acción que la mayoría de estas nunca formalizó. El resultado del análisis cronológico de toda la legislación sanitaria nacional vigente, del Decreto 815/1999 (y el SNCA), de las acciones de los organismos responsables del control de alimentos, y de entrevistas realizadas a funcionarios vinculados al Sistema, evidenció que la ausencia de bases de datos única, confusiones en algunos casos acerca de quién es la Autoridad Sanitaria Nacional (ASN) competente y qué normativa aplicar, la doble imposición de registro de productos y establecimientos en aquellos que se encuentran bajo la órbita del SENASA, la falta de cabinas sanitarias conjuntas en aduanas y puestos fronterizos para los productos alimenticios importados, y la ausencia de una ‘competencia concurrente’ para el control de los establecimientos y productos lácteos, resultaron en un incorrecto funcionamiento del SNCA, incumpliendo su objetivo primordial, ‘asegurar el fiel cumplimiento del CAA’. Como propuesta final, se establece la necesidad de promulgar una Ley que cree un nuevo SNCA, que contemple toda la legislación sanitaria nacional vigente, la experiencia de los actores del actual Sistema, y de las acciones concretas de todos los organismos responsables del control de alimentos en la República Argentina.

El siguiente trabajo final integrador, es una propuesta de innovación en las actividades practicas del curso de Métodos Complementarios de Diagnóstico en la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, en el marco del reglamento correspondiente al trabajo Final Integrador en la carrera de Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. La elección del tema es en base a una observación realizada a partir de las prácticas docentes, y la actitud presentada por los y las alumnas a partir de la implementación de salidas en un trabajo de extensión. El mismo se realizó en el recorrido de la cursada de la cátedra en el año 2015, teniendo muy buena recepción en las y los alumnos. La observación realizada fue la buena predisposición del alumnado en la preparación de temas a leer, correspondiente a la currícula de la materia previo a la salida de las diferentes comisiones en los barrios periféricos de la ciudad de La Plata. El presente trabajo integraría como proceso de aprendizaje a la extensión dentro del marco de las prácticas pre-profesionales.