Catálogo de publicaciones

La anticipación de la tutela es un instrumento de protección de los principios constitucionales procesales. La investigación busca analizar la anticipación de la tutela y los principios procesales constitucionales, en la búsqueda de un proceso justo. El área temática que se tiene para desarrollo de la tesis es la protección de los principios procesales constitucionales cuando se realiza un pedido de anticipación de tutela. Para eso se hace un análisis de la protección de los derechos, en la búsqueda de un proceso justo, con enfoque en el derecho constitucional y en el derecho procesal civil, al que se refiere el tema propuesto. Valor alto del estudio son las fases cualitativas dentro del enfoque de generalización. Se empieza la investigación por un estudio cualitativo completo (estudio preparatorio para generar una hipótesis), recopilan y analizan los datos y al fin se estructuran los resultados. Después sigue gradualmente la fase cuantitativa (estudio principal para probar las hipótesis). Una vez planteada la hipótesis (preguntas de la investigación), emanada del problema al que otorgamos el lugar central y la función en la investigación, el siguiente paso que debemos realizar - aunque en realidad se trata de un continuum - es el referido a las estrategias metodológicas. El diseño de la investigación propone la suficiente flexibilidad para que puedan efectuarse modificaciones conforme vaya avanzando. Esta tesis tiene como objetivo principal el análisis de la anticipación de la tutela en cuanto óbice a daños irreparables o de difícil reparación, importante instrumento procesal a la efectividad jurisdiccional, desde que observado el principio de la reversibilidad de sus efectos. Tiene como objetivo analizar la naturaleza jurídica, los requisitos, los limites y los efectos del instituto de la tutela jurisdiccional anticipada, fenómeno jurídico propio del proceso de conocimiento, idealizado para impedir que los efectos maléficos del tiempo vengan a frustrar la prestación jurisdiccional, bajo el argumento de que cuanto más evidente el derecho cuya protección se postula, más rápida debe ser a respuesta judicial. Se dedica especial atención a la cuestión del peligro de la demora en la entrega de la prestación jurisdiccional no contrapunto al peligro de la prisa en decidir, ambos con efectos nefastos a los derechos de las partes involucradas en el proceso, el primero porque el tiempo y la demora procesales pueden traer perjuicios al derecho del actor de la demando, el segundo porque puede relegar al plano inferior los derechos constitucionales al debido proceso legal y a la amplia defensa del reo. Se defiende la búsqueda de un equilibrio, por el juzgador, el uso de las armas procesales disponibles por el derecho procesal a la tutela de los intereses de los involucrados en una demanda, observando, siempre, la aplicación material del principio constitucional de la igu

"La incorporación de un instituto al derecho positivo suele ser una oportunidad de desarrollo jurídico en tres dimensiones: doctrinaria, judicial, y potencialmente legislativa. Doctrinaria porque permite su análisis teórico, el estudio de sus antecedentes y del nivel de armonía que goce respecto del resto del sistema jurídico. Judicial porque se integra al elenco de normas disponibles a los magistrados para la solución de los casos. Y potencialmente legislativa porque abre la puerta a la crítica del propio instituto o del modo en que se ha receptado y a la reflexión sobre aspectos que podrían mejorarse. En esta ocasión se toma la oportunidad a partir de la recepción del llamado anticipatory breach en el inciso “e” del art. 1.084 del Código Civil y Comercial. Este instituto tiene ya un tramo recorrido en el derecho comparado, como así en los intentos previos de unificar la legislación civil y comercial de nuestro país. Trata una cuestión muy cercana y relevante a la vida negocial: la posibilidad de terminar contratos por incumplimiento cuando ese incumplimiento aun no ha sucedido, pero es previsible que sucederá. El objeto de este trabajo es desentrañar el sentido de la facultad resolutoria por incumplimiento anticipado, a fin de demostrar su modo de aplicación en casos concretos. En última instancia, con ello se espera realizar un aporte para que en la práctica el funcionamiento del instituto cumpla con los objetivos declarados al incorporarlo: mayor seguridad jurídica en los negocios y eficiencia económica en su instrumentación."