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En esta investigación se analizan los dos primeros gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, entre los años 2005-2010 y 2010-2014, en relación con las políticas públicas en materia de Servicios de Comunicación Audiovisual (sca) y telecomunicaciones. Uruguay como país no ha estado exento de cambios tecnológicos en el campo de los sca y las telecomunicaciones. En ese sentido, consignamos que ha procesado la transición a la televisión digital y ha impulsado una agresiva política de conectividad a través del tendido de fibra óptica al hogar por parte de su empresa pública de telecomunicaciones, antel. En el período comprendido por esta investigación se llevó adelante una nutrida agenda de cambios regulatorios en materia de sca, al momento de mantener casi intocada su estructura regulatoria en materia de telecomunicaciones. A pesar de estos cambios regulatorios y de la irrupción de nuevas posibilidades tecnológicas, la estructura de mercados y servicios en el campo de los sca y las telecomunicaciones no ha variado sustancialmente, manteniéndose un mercado concentrado en el negocio de la televisión comercial abierta y por abonados, mientras que en el campo de las telecomunicaciones se mantienen tres operadores en régimen de competencia en el mercado de la telefonía móvil y un cuasi monopolio en la conectividad por fibra óptica por parte de la empresa estatal antel. Esta investigación da cuenta que esta transición tecnológica se procesó a caballo de los dos gobiernos iniciales de la coalición de izquierda Frente Amplio (2005-2010; 2010-2015) e instaló en la agenda pública la discusión sobre la conveniencia de una nueva regulación que asegurase una mejor administración de los recursos en el marco de las denominadas tecnologías convergentes. La productividad legislativa y regulatoria en relación con los sca en Uruguay tuvo sus hitos principales en la aprobación de la ley de Radiodifusión Comunitaria en el primer período de gobierno y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el segundo. En el caso de las telecomunicaciones, en cambio, no hubo casi ninguna modificación sustancial en materia regulatoria y de gestión. El proceso de discusión y aprobación de este nuevo marco regulatorio mostró algunas particularidades del caso uruguayo, pautado por un mercado acotado y partido entre los sca y las telecomunicaciones. En el campo de los sca se ha ido incrementando la regulación —aunque con rezagos importantes de aplicación— pero esto no ha afectado el dominio del mercado por parte de tres grupos empresariales nacionales, a los que se suman el Grupo Clarín de Argentina y la norteamericana Direct TV. El desarrollo de una doble escena en Uruguay evidencia la presencia de distintas agendas políticas para encarar los imprescindibles procesos de reforma en un entorno de convergencia.