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Using empirical evidence, this book highlights the misguided and ineffective efforts of the UK government to prevent violent extremism.

Introducción: La tesis que presento para el juicio de quienes tengan a su cargo su evaluación se basa en la consideración de un caso real –bien conocido por el autor– para, a partir de allí, llevar a cabo un estudio del alcance de la competencia sancionatoria de la Administración en el marco del ejercicio de su poder de policía. El trabajo se plantea a partir de los siguientes interrogantes: ¿Puede un funcionario responsable del Control y Prevención de Lavado de Dinero ser responsabilizado por el solo hecho de ocupar el cargo, sin imputación concreta de conducta irregular alguna? En su caso, ¿qué excusas absolutorias tiene para oponer a la pretensión punitiva? ¿Sería suficiente con probar que ha obrado con cuidado y previsión, dando órdenes precisas, capacitando al personal, monitoreando, poniendo los medios con debida diligencia, etc.? O, por el contrario, ¿puede ser penado aunque hubiera obrado bien? ¿Cuál es la responsabilidad de la persona jurídica? En un primer encuadre para responder a estas preguntas, partí de lo expresado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que ha dicho que “la simple constatación de la comisión de infracciones genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor, salvo que éste invoque y demuestre la existencia de una circunstancia exculpatoria válida”.

El objetivo del presente trabajo es analizar comparativamente el rol que asume el Estado como prescriptor de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a través de la política de compras públicas en Argentina y en Francia. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como resultado de un proceso que lleva ya varias décadas, es asumida e incorporada cada vez más por las organizaciones como un valioso instrumento estratégico que engloba todas las decisiones que son adoptadas por una organización y que comprenden una triple dimensión: económica – social – ambiental, de manera que sea posible crear valor económico contribuyendo simultáneamente al bienestar de las generaciones presentes y futuras. De alguna manera, los principios y prácticas de RSC no serán desarrollados ni adoptados espontáneamente por las organizaciones sino en la medida de que las organizaciones dominantes (las élites) encuentren interesante imponer su concepción particular sobre la calidad de la RSC (en el sentido de análisis de calidad de economía industrial). Ha sido demostrado que el respeto a mayores exigencias en materia de desarrollo sustentable por parte de una organización tiene un efecto positivo sobre su productividad, ya que existe una correlación positiva entre la Performance Social (PS) de las organizaciones y su Performance Financiera (PF), (Hitchens et al., 2001; Orlitzky et al., 2003; Allouche y Laroche, 2005; Margolis y Elfenbein, 2008). Y aunque los estudios empíricos no han encontrado un vínculo simple entre PS y PF, la hipótesis del “círculo virtuoso” prevalece: una mejor performance social conduce a una mejor performance financiera (Waddock y Graves, 1997). Por lo tanto, la RSC se consolida como fuente de ventaja competitiva y herramienta de protección en momentos de crisis, que dota de mayor estabilidad financiera a las organizaciones que la incorporan en el núcleo de su estrategia de negocios (Gómez Carrasco, 2012). Es así como, gracias a la mayor rentabilidad resultante de la implementación a nivel institucional de la RSC en el seno de su organización, las organizaciones dominantes del mercado impondrán sus principios y prácticas al resto de los actores del mercado. Las organizaciones dominantes del mercado, “élites” en el sentido neoinsitucionalista (North, 1981), son, en cuanto se refiere a la función compras, el Estado y sus proveedores de primer rango (first tier). El Estado, que representa entre el 30% y 50% del total de las compras del sistema económico y sus proveedores de primer rango, se 6 encuentran en una posición dominante y con la capacidad, por el solo ejercicio de su función compras, de imponer al resto de los agentes económicos, los principios y prácticas de la RSC de manera eficaz. El Estado puede adoptar diferentes roles en cuanto a su función en la construcción de la RSC. El rol de prescriptor se refiere a la capacidad del Estado de organizar el diálogo en la sociedad y de llevar adelante una gestión pragmática en toda la cadena de valor en la que interviene, orientando iniciativas a través de las instituciones. Este trabajo consiste en examinar el rol del Estado (en tanto que Gobierno) en el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) analizando, desde una óptica neo-institucionalista, los mecanismos puestos en marcha y los resultados obtenidos, dirigidos a un grupo de interés específico: las empresas proveedoras del Estado en el ámbito de Obras Públicas, en Argentina y en Francia.

La crisis alimentaria global, registrada en el período 2006-2011, sacudió muchas visiones preconcebidas y supuestos considerados inamovibles, colocando nuevamente a la alimentación en la agenda global, una vez más en forma temporal. Las respuestas multilaterales y de los gobiernos de los países, fueron diversas, pero predominan las de carácter emergente, que buscan aliviar los mayores efectos de la rápida subida de los precios de alimentos claves y la elevada volatilidad de sus cotizaciones en los mercados internacionales, las expresiones más visibles de la crisis. Pocos adoptaron una perspectiva de mediano y largo plazo, que comprenda las nuevas articulaciones de la agricultura alimentaria, con la dimensión energética, del cambio climático y de los mercados financieros, entre otras, y los nuevos desafíos que plantean. La investigación examina las respuestas de los gobiernos de los países andinos ante dicha crisis, enfatizando en sus políticas públicas alimentarias, con una perspectiva de economía política internacional, integrándolas como parte de la construcción y funcionamiento de las relaciones económicas internacionales, en el ámbito de los productos agrícolas y más específicamente de los alimentos. Sitúa la reflexión en el contexto del régimen alimentario global y de sus transformaciones, en las últimas décadas, incluyendo los desplazamientos de poder relativo entre los actores principales. Las respuestas de los gobiernos de los países andinos ante dicha crisis se comprenden a partir de la percepción y valoración de lo que ella implicaba y de sus efectos, realizada en cada país; y, por las restricciones estructurales de su desarrollo agrícola, que definen márgenes estrechos para sus opciones, orientadas principalmente a mitigar los efectos de la subida de los precios de los alimentos, mucho menos para aprovechar las oportunidades que podrían abrirse en el nuevo escenario. La investigación realizada muestra que la comprensión de la crisis que predomina entre los gobiernos andinos, estuvo marcada por una visión de corto plazo, preocupada por aliviar sus efectos sobre los sectores más vulnerables y evitar los impactos políticos que puedan generar en su legitimidad y aceptación por parte de la población, afectando su capital político. Las medidas adoptadas son básicamente reactivas, asistenciales y canalizan subsidios temporales a ciertos sectores. Las limitaciones estructurales de una agricultura tendencialmente discriminada por los distintos gobiernos, con una heterogeneidad productiva, tecnológica y de capacidades, marcada por una gran inequidad en la distribución de recursos claves (tierra, agua, capitales y conocimiento), y por el predominio de una visión que apuesta a la agricultura industrial y al agro negocio, lleva a privilegiar políticas sectoriales ortodoxas, que reproducen la situación del sector. No existen diferencias sustanciales, más allá de la retórica con la que se venden las políticas, entre gobiernos de orientación liberal (Colombia y Perú) y los de la “nueva izquierda latinoamericana” (Bolivia y Ecuador). En todos primó la miopía antes que la previsión.

Durante las últimas décadas, los gobiernos locales argentinos experimentaron un proceso de redefinición de sus roles como consecuencia de la globalización, de la crisis del Estado de Bienestar y del proceso de reforma del Estado, a través del cual se dio inicio a un proceso de cesión de funciones desde la administración pública central hacia la esfera gubernativa local. Como consecuencia de este complejo entramado de transformaciones, y en el marco de una creciente municipalización de la crisis política y socioeconómica nacional, las administraciones municipales comenzaron a transformarse en verdaderas gestoras de políticas públicas para la promoción del desarrollo local, lo que supuso el desarrollo de prácticas orientadas al fortalecimiento y/o adquisición de nuevas capacidades de gestión que permitieran atender a una agenda local ampliada. Debido a que el ámbito de resolución de las problemáticas de ésta nueva agenda municipal excede en la mayoría de los casos los límites territoriales y capacidades individuales de los gobiernos locales, la cooperación y el asociativismo intermunicipal comenzó a emerger como una alternativa para su tratamiento. La presente tesis analiza las capacidades institucionales de la Microrregión Luján de Cuyo – Maipú (Provincia de Mendoza, Argentina) para gestionar programas y proyectos a escala intermunicipal. Dada la variedad de acciones emprendidas por los municipios, se decidió focalizar la investigación en el análisis de tres programas que caracterizan el funcionamiento general de la microrregión, los cuales fueron diseñados y ejecutados por los municipios asociados con el fin de dar respuesta a las principales problemáticas comunes que los afectan: el subdesarrollo económico y turístico local; la disposición final de residuos domiciliarios y la satisfacción de las necesidades de los habitantes de la zona limítrofe interdepartamental. En función de estos desarrollos, se reflexiona en torno a las restricciones contextuales y déficits de capacidad institucional más relevantes que dificultaron o impidieron la ejecución de los programas seleccionados, a partir de lo cual se proponen criterios para el diseño de una estrategia de fortalecimiento institucional orientada a superar los déficits detectados.