Resumen: En un mundo globalizado que exige relaciones empresariales transnacionales para maximizar los beneficios y garantizar la supervivencia de los negocios, se vuelve imprescindible que el análisis de la situación financiera y de las posibles restricciones judiciales impuestas a la organización sean conocidas internacionalmente y, al mismo tiempo, generen efectos en todos los países donde la empresa realiza sus negocios. En este sentido, la base casi fundamental de la libre circulación internacional de personas y de negocios es el reconocimiento y ejecución de sentencias, principalmente de quiebra, en todo el mundo. En la gran mayoría de los países, existen reglas para atribuir la eficacia de las sentencias extranjeras en su territorio, evitando así, la banalización del uso del poder judicial local. Para que la sentencia dictada por un Estado produzca efectos en otros, es necesario una serie de requisitos formales, materiales y procesales, siendo establecidos, internamente en Brasil, en la Constitución Federal, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Introducción de Derecho Brasileño y la Resolución nº 9/2005 del Tribunal Superior de Justica sobre los instrumentos que regulan la materia; sin embargo, cuando se analiza el ordenamiento jurídico brasileño debe tenerse en cuenta, los tratados1 internacionales firmados por el país que fueron incorporados al ordenamiento interno. En el presente trabajo, buscaremos ilustrar una serie de aspectos que muestran a un Brasil discordante frente a otros países, por ejemplo países de MERCOSUR como Argentina, Uruguay y Paraguay, en materia de otorgar eficacia a las sentencias extranjeras en su territorio, en gran parte debido a: la burocratización de los procedimientos, interpretaciones equivocadas realizadas por el poder judicial brasileño, por adoptar un sistema de control de eficacia de sentencias extranjeras concentrado en apenas un tribunal de justicia, etc…