Entre los principios característicos de la evolución social contemporánea figuran la democratización de las relaciones sociales y una creciente preocupación por el respeto de las garantías ciudadanas. En igual sentido aumenta la demanda de seguridad pública, siendo el receptor de éstos reclamos el Municipio, es por ésta razón de cercanía con el vecino y su problemática que hoy se debería poner en el escenario de discusión política la proclamada autonomía municipal. Entiendo que solamente podremos enfrentar los altos niveles de inseguridad desde una perspectiva local, siendo fundamentalmente los operadores del cambio, las organizaciones intermedias de nuestra comunidad, como así también el vecino, para diseñar junto al Estado Municipal un modelo de seguridad posible. Existe la necesidad de hacer un diagnóstico entre los usuarios del servicio de seguridad, y se deberá desarrollar una propuesta para el establecimiento de normas de actuación en un modelo de organización al servicio de la comunidad. Es entonces que en igual sentido, se deben analizar distintos factores que inciden directamente en el diseño de las políticas públicas, como así también los márgenes de actuación posible del Municipio, toda vez que no se podrá colisionar con la normativa vigente en materia de Seguridad Pública; pero sí encontrar los intersticios que ofrece el trabajar sobre la “prevención del delito y la violencia”. Los niveles de “percepción de inseguridad”, como los resultados de “encuestas de victimización“, registrados en los últimos tiempos en nuestro país, nos pone a la hora de elaborar una respuesta adecuada ante distintas alternativas, que van desde la vía represiva: mayor cantidad de efectivos de seguridad, más fueros penales, incremento en las penas, baja de la imputabilidad, más cárceles, etc., lo que se podría sintetizar, en la “populismo punitivo”; hasta aquellas que desde una visión sistémica de este fenómeno, proponen trabajar sobre las causas que originan el delito, para prevenirlo, y no sobre sus efectos, que se podría sintetizar en el título del libro del criminólogo canadiense Irvin Waller, “Menos represión. Más seguridad”. En el presente trabajo se intentará circunscribir la problemática planteada al ámbito de la Provincia de Buenos Aires que por su desarrollo Institucional en materia de Seguridad Pública puede sintetizar lo que sucede en el resto del país con algunos matices funcionales, pues desde el advenimiento de la Democracia, la Provincia de Buenos Aires ha desarrollado en la materia una política errática, sin terminar de consolidar un modelo de gestión capaz de diseñar políticas públicas sustentables, por esta razón desde aquí se pretende poner en valor una serie de acciones que se vinculan más con un modelo de participación ciudadana con eje en los Gobiernos Locales, en contraposición al modelo centralizado de respuesta reactiva ante el delito y la violencia. Ahora bien el Municipio es sinónimo de territorio, de proximidad con el vecino, de la misma forma que lo es para las “organizaciones criminales”, pues allí impacta su accionar delictivo, y como también lo es para las Agencias Gubernamentales de Seguridad pues en el territorio se desata la persecución penal; es allí donde surgen algunos interrogantes, puede entonces, una organización como el municipio, por ejemplo reasignando recursos, colaborar en materia prevencional para estas coyunturas?. El presente trabajo trata de responder este interrogante, partiendo de una investigación sistematizada de factores exponenciales de la violencia urbana y el mejor aprovechamiento que se puede obtener tanto del ejercicio del poder de policía municipal, potenciando su autonomía, el desarrollo de políticas en el marco de las contravenciones municipales, tendientes a mejorar los estándares de percepción de nuestra población en materia de seguridad ciudadana; como la articulación con los demás efectores vinculados a la causas del delito (fueros penales, patronato de liberados en la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, programas juveniles de inserción laboral, etc.); y por último la creación de un Observatorio Municipal de seguridad ciudadana, el cual pueda desarrollar estrategias locales para la prevención del delito a través del análisis y valoración de la información provenientes de las distintas fuentes que coexisten en el territorio para la posterior elaboración de “alertas tempranas”, y al mismo tiempo detectar dentro de la Organización “utilidades residuales” de arraigo local para la conformación de las UMAC (Unidades Municipales de Análisis Criminal), de suma utilidad para los otros niveles superiores del Estado, sea tanto de jurisdicción Provincial o Nacional, instalando un nuevo concepto como el de la “capilaridad territorial ascendente”.