Hay ciertos hechos que constituyen una herida nacional, un impasse trágico, más que un registro histórico. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas así como el asesinato de otros seis estudiantes en la trágica noche de Iguala, Guerrero, México del 26 de Septiembre del 2014, visibiliza el estado en cuestión de lo que entendemos por Estado Nación. Una forma de Narco Estado Corporativo al que no le importa lo humano, menos si esta humanidad viene de los más pobres. La cuestión social y urgente de reflexionar sobre quienes constituyen al Estado en éstas condiciones, siendo servidores públicos que más que servir a la nación, se encuentran en una suerte de necro burocracia, muy ligado al sentido de lo que se plantea en la categoría analítica de la necropolítica. Este es el análisis que me lleva a realizar una fuerte crítica sobre el entendimiento jurídico del fenómeno, sobre todo de los parámetros jurídicos para la atención como el concepto de la reparación integral del daño de quiénes hoy en México constituyen uno de los principales actores políticos del país:las familias víctimas de Desaparición Forzada. Dos ideas surgen como respuesta a la pregunta ¿Por qué ellos? ¿Por qué así?: una, que más pueden quitarle a alguien que no tiene posesiones monetarias y económicas más que desaparecer la materialidad de su fuerza de trabajo que es el cuerpo; dos, la mejor manera de finiquitar la destrucción del tejido social es rompiendo cualquier intento de organización social, empezando por resquebrajar a las familias sobre todo de aquellas que representan la no modernidad y el no desarrollo. Así de crudo y de fuerte en la perspectiva analítica. Aún con tan sombrío panorama, mismo que se pudo vivir y experimentar durante la investigación; el título que se le da a esta tesis doctoral ‘’Ante la Descorporación y la anulación ¡No socavarán nuestra existencia!’’ enuncia la posibilidad y la importancia de la resistencia y no decaer, en saber que la esperanza no se pierde, sino que es una energía que puede transformarse para lograr cosas y reformular la exigibilidad de quienes han estado por siglos en la injusticia social histórica así como lo están haciendo las familias de los normalistas de Ayotzinapa, así como otras madres y padres que tienen hijas e hijos desaparecidos en todo México. Es un deber pensar en qué tipo de atención institucional y social, así como de mística en el servicio público y en el diseño de políticas públicas nos merece el tema de las familias víctimas, no como personas desposeídas de energía política, sino por el contrario, como uno de los principales actores políticos de nuestro México del siglo XXI. ¿Es aventurado hablar o proponer una incursión transdisciplinaria que hable de la Danza social o comunitaria como una forma de atender, de acompañar o de proponer una atención desde las incursiones cercanas que he realizado como Trabajadora Social? Esto no pretende presentar la respuesta madre a todas las preguntas, solo quizá, abrir las posibilidades a algo no pensado, así como a las posibilidades de repensar la idea de intervención en lo social como del afirmarla vida entre tanta dinámica de muerte.