La crisis alimentaria global, registrada en el período 2006-2011, sacudió muchas visiones preconcebidas y supuestos considerados inamovibles, colocando nuevamente a la alimentación en la agenda global, una vez más en forma temporal. Las respuestas multilaterales y de los gobiernos de los países, fueron diversas, pero predominan las de carácter emergente, que buscan aliviar los mayores efectos de la rápida subida de los precios de alimentos claves y la elevada volatilidad de sus cotizaciones en los mercados internacionales, las expresiones más visibles de la crisis. Pocos adoptaron una perspectiva de mediano y largo plazo, que comprenda las nuevas articulaciones de la agricultura alimentaria, con la dimensión energética, del cambio climático y de los mercados financieros, entre otras, y los nuevos desafíos que plantean. La investigación examina las respuestas de los gobiernos de los países andinos ante dicha crisis, enfatizando en sus políticas públicas alimentarias, con una perspectiva de economía política internacional, integrándolas como parte de la construcción y funcionamiento de las relaciones económicas internacionales, en el ámbito de los productos agrícolas y más específicamente de los alimentos. Sitúa la reflexión en el contexto del régimen alimentario global y de sus transformaciones, en las últimas décadas, incluyendo los desplazamientos de poder relativo entre los actores principales. Las respuestas de los gobiernos de los países andinos ante dicha crisis se comprenden a partir de la percepción y valoración de lo que ella implicaba y de sus efectos, realizada en cada país; y, por las restricciones estructurales de su desarrollo agrícola, que definen márgenes estrechos para sus opciones, orientadas principalmente a mitigar los efectos de la subida de los precios de los alimentos, mucho menos para aprovechar las oportunidades que podrían abrirse en el nuevo escenario. La investigación realizada muestra que la comprensión de la crisis que predomina entre los gobiernos andinos, estuvo marcada por una visión de corto plazo, preocupada por aliviar sus efectos sobre los sectores más vulnerables y evitar los impactos políticos que puedan generar en su legitimidad y aceptación por parte de la población, afectando su capital político. Las medidas adoptadas son básicamente reactivas, asistenciales y canalizan subsidios temporales a ciertos sectores. Las limitaciones estructurales de una agricultura tendencialmente discriminada por los distintos gobiernos, con una heterogeneidad productiva, tecnológica y de capacidades, marcada por una gran inequidad en la distribución de recursos claves (tierra, agua, capitales y conocimiento), y por el predominio de una visión que apuesta a la agricultura industrial y al agro negocio, lleva a privilegiar políticas sectoriales ortodoxas, que reproducen la situación del sector. No existen diferencias sustanciales, más allá de la retórica con la que se venden las políticas, entre gobiernos de orientación liberal (Colombia y Perú) y los de la “nueva izquierda latinoamericana” (Bolivia y Ecuador). En todos primó la miopía antes que la previsión.