Desde hace casi un siglo, se viene discutiendo si estamos ante entes autónomos, y por lo tanto, poseedores de un poder normativo propio y originario; o simples reparticiones autárquicas, que si bien se administran a sí mismas, lo hacen conforme a una norma de creación que les es impuesta. En un principio los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación delineó al municipio como una delegación del poder provincial, con fines administrativos, que la Constitución previó como entidades del régimen provincial, concepto que, de acuerdo con la terminología actual, podemos entender como "autarquía". Es decir, que al régimen municipal no se le pueden negar las atribuciones suficientes para el cumplimiento de su cometido, pero ellas no deben ir más allá de las que surjan de la Constitución y las leyes provinciales. Sin embargo, en la actualidad, los municipios han alcanzado una dimensión singular, no solo por la demanda creciente por parte del vecino que obliga a ejercer un mayor control social en relación a una población que muchas veces supera con creces la de varias provincias de nuestro territorio, sino también por las dificultades financieras que han tenido que afrontar los niveles superiores de gobierno que ven a la descentralización operativa de sus funciones como un atenuante de la misma. En este contexto, donde las nuevas competencias y desafíos municipales exceden las funciones clásicas del alumbrado, barrido y limpieza, y frente a una potestad tributaria debilitada; es decisiva la capacidad de los municipios de captar, en forma creciente, recursos propios y aplicarlos eficientemente para asegurar un mejor financiamiento de sus políticas públicas orientadas a promover el desarrollo local, colocando a los instrumentos de planificación como un elemento imprescindible para la gestión. A través del presente trabajo se propone un análisis financiero integral que permita evaluar distintos escenarios futuros, ponderados por su probabilidad de ocurrencia, y así poder anticiparse a las fluctuaciones en los flujos de fondos de las finanzas municipales, evitando cualquier tipo de desequilibrio que pudiera implicar dificultades en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el presupuesto anual.