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El turismo comunitario en Bolivia es una actividad reciente, los primeros emprendimientos considerados como los más antiguos: Albergue Ecoturístico Tomarapi (1997) y Chalalán Albergue Ecológico (1995) surgieron hace veintitrés y veinticinco años, respectivamente. Al parecer, el turismo comunitario nace en el país desde la iniciativa de las comunidades indígenas y campesinas, como una alternativa ideal para acceder a mayores ingresos económicos y una mejor calidad de vida y, posteriormente, se convirtió en un medio para la revitalización de la cultura y la protección del territorio; actualmente, en muchas comunidades el turismo comunitario es uno de los pilares económicos y de sustento. Por otro lado, gran parte de los emprendimientos se viabilizaron mediante el apoyo técnico y financiero de organizaciones internacionales, el Estado boliviano aporto en menor medida. Hoy en día se tiene un registro aproximado de noventa y nueve emprendimientos localizados en tierras altas, valles y tierras bajas del país, son cada vez más las comunidades que están apostando por el turismo comunitario, desarrollando una variedad de ofertas y servicios. Frente a este proceso, el Estado, posterior a la Promulgación de la Nueva Constitución Política (2009), reformula las leyes y planes nacionales de turismo, enfocándose y priorizando el turismo comunitario, una de ellas la Ley General de Turismo No. 292, publicada el año 2012. Sin embargo, al parecer el accionar de los representantes del Estado y los nuevos documentos de turismo, en vez de coadyuvar y fortalecer este sector, limita e interfiere las gestiones de las comunidades. Considerando este contexto, la presente investigación fue realizada con siete emprendimientos de turismo comunitario en Bolivia que, desde nuestra percepción, constituye una muestra representativa: el Albergue Comunitario de Chipaya, de la Comunidad de Uru Chipaya; la Asociación de Guías de Ecoturismo Comunitario del Municipio y Parque Nacional Torotoro, de la Comunidad del mismo nombre; el Centro de Interpretación Geológica de Alta Montaña, de la Comunidad de Sajama; la Sociedad de Turismo Suni Uta Choquemarka, de la Comunidad de Caripe; Chalalán Albergue Ecológico, de la Comunidad de San José de Uchupiamonas; San Miguel del Bala Ecoturismo Comunitario, de la Comunidad de San Miguel del Bala y Canopy Villa Alcira, de la Comunidad de Villa Alcira. Entre las conclusiones más destacadas de esta investigación podemos señalar las siguientes: el turismo comunitario surge en Bolivia en la década de los noventa, en el seno de las comunidades indígenas y campesinas como una opción para acceder a una mejor calidad de vida, revitalizar y proteger su cultura y territorio, y como una interpelación a la hegemonía del turismo por parte de las empresas privadas; se constituye en una actividad cada vez más creciente y heterogénea a nivel se servicios; y en términos de gestión, pese a haberse iniciado hace más de dos décadas, se encuentra en una etapa de desarrollo incipiente. De igual modo, las comunidades campesinas e indígenas que se involucraron en el turismo comunitario, inevitablemente, se "turistificaron"; observan vivencialmente que la práctica turística está provocando impactos positivos y negativos en la población y la comunidad; además, perciben que está construyendo relaciones interculturales entre los anfitriones comunitarios y los turistas. En términos de políticas públicas, sobre todo desde la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado (2009) que caracteriza al país como Estado Plurinacional, el turismo comunitario tuvo un gran avance a nivel político y jurídico, pero a nivel de su implementación el camino recorrido ha sido muy poco, muy lento y superficial. Este hecho se nota en las brechas que existe entre la gestión del Estado y las experiencias de los emprendimientos turísticos; así mismo, la gestión del SERNAP está siendo cuestionada y observada permanentemente; se evidencia una incompatibilidad entre los conceptos que manejan el Estado y las comunidades acerca del turismo y la sostenibilidad. Considerando lo anterior, nuestras principales recomendaciones son las siguientes: sistematización e institucionalización de los emprendimientos de turismo comunitario; construcción de proyectos de políticas públicas y planes, en los diversos niveles estatales, con la participación con los pueblos involucrados; gestión de proyectos de fomento a los emprendimientos pero contextualizados, endógenos y que aseguren la sostenibilidad y el "Buen Vivir" de los pueblos rurales, históricamente marginados; reconstrucción de un concepto integrador de turismo comunitario que considere la experiencia vigente y los desafíos reales; fortalecimiento del tejido social entre comunidades y los emprendimientos turísticos; y viabilización de la autogestión de los emprendimientos socio productivos rurales. La inestable situación política y social del país, sumado a la delicada situación que está enfrentando el mundo frente a la pandemia del COVID-19, hacen que el futuro del turismo en general se torne incierto. No dudamos que el camino será muy largo y dificultoso, pero tenemos la esperanza que llegue el momento en que la sociedad y, principalmente, los representantes del Estado, comiencen a recuperar el pulso y reactivar el sector. Por las particularidades y el modo de gestión del turismo comunitario, a diferencia del turismo de masas, este sector podría ser el que presente las mayores oportunidades para reactivar el turismo en el país.

Tesis de maestría para obtener el grado de Master en Intervención Ambiental - MIA IV Orientación Gestión Ambiental de las Organizaciones presentada en Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue en mayo de 2020

La presente tesis doctoral estudia la gestión transnacional de unidades subestatales de doble periferia (USDPs). Es decir, unidades subestatales insertas en la periferia de un Estado, el cual se encuentra, a su vez, en la periferia del sistema internacional. El objetivo de la investigación es analizar cómo, a partir del reconocimiento constitucional de ciertas facultades para accionar en la esfera internacional, las USDPs emplearon la gestión transnacional como mecanismo tendiente a contrarrestar la doble dependencia y alcanzar sus objetivos de desarrollo. En este sentido, la gestión transnacional es abordada como la acción política subestatal en dos planos o dos subsistemas, estatal e internacional. El reconocimiento constitucional de estas facultades favorecieron el vínculo de las USDPs con sus pares en otros países, encontrando similares necesidades y motivaciones para generar un espacio regional transfronterizo con intereses comunes. En consecuencia, la hipótesis del trabajo afirma que, a través de la gestión transnacional, las USDPs se vinculan con otras unidades de similares características, creando intereses supranacionales que emplean en la relación con su propio Estado para reposicionar sus objetivos de desarrollo en la agenda estatal. Dentro del mencionado universo de relaciones, este estudio se inserta en el espacio temporal comprendido entre las reformas constitucionales que reconocen las capacidades de actuación internacional de las unidades subestatales en Argentina, Bolivia y Chile, hasta la finalización de las segundas presidencias de Cristina Fernández (1994- 2015) y Evo Morales (2009-2014), y la primera de Sebastián Piñera (1991-2014) respectivamente. Para comprobar el supuesto básico de partida, la investigación se organizó en una introducción, cinco capítulos y una conclusión. El primero analiza la condición de doble periferia para contextualizar la situación de dependencia desde la cual las USDPs despliegan la gestión transnacional. El segundo capítulo aborda el marco jurídico estatal y subestatal (según el caso) que reconoce y faculta a las USDPs para su accionar en el escenario internacional. El tercer capítulo presta atención a la especialización institucional de las USDPs para la gestión en el plano estatal y en el plano internacional. El cuarto capítulo indaga acerca del rol del sector económico-productivo en la gestión transnacional de Jujuy, Tarija y Tarapacá, mientras que el último capítulo estudia las estrategias, temáticas y modalidades de gestión transnacional de los casos de estudio. Y, por último, las conclusiones detallan los resultados obtenidos. El abordaje teórico del objeto de estudio se realizó principalmente desde la visión de la interdependencia compleja, la cual presenta al sistema internacional como un entramado de actores de diversa tipología y naturaleza que interactúan proyectando intereses y demandas. Asimismo, plantean la complejización del sistema mediante la implicación de los gobiernos no-centrales en el contexto internacional, y cómo estos despliegan su accionar al exterior, promoviendo sus intereses a través de canales formales e informales, paralelos a la diplomacia tradicional de los Estados. También se emplearon los aportes de la teoría cepalina para explicar la distinción entre centros y periferias y llegar a una conceptualización de la doble periferia. Es decir, la aplicación del análisis teórico integral a los casos bajo estudio. Precisamente la estrategia metodológica empleada fue cualitativa, permitiendo el abordaje contextualizado a los casos y la exploración en profundidad de cada uno de ellos a través de entrevistas, análisis de fuentes bibliográficas y documentales con el objetivo de generar una interpretación explicativa de la realidad política enunciada. La muestra es de extrema diferencia, habiendo seleccionado la provincia de Jujuy (Argentina), el departamento de Tarija (Bolivia) y la región de Tarapacá (Chile). Los tres casos representan distintas adaptaciones de una misma condición de doble periferia en un contexto federal, híbrido y unitario, respectivamente. De esta forma, se estudia cómo el mismo condicionamiento reviste características diferentes en cada unidad subestatal, pero, al mismo tiempo, concita la integración de las unidades a través de intereses supranacionales.

Tesis (Maestría en Comercio Internacional) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2019.

Tesis de Maestría

La presente investigación analiza la inclusión social a través de las políticas públicas dirigidas a los agricultores familiares, por medio de dos casos de estudio: La Plata y Oberá, durante el período 2008-2015. Se propone un abordaje que examine en profundidad las implicancias de la inclusión social sobre la construcción de políticas públicas destinadas a los agricultores familiares. Para ello, se diseñó un abordaje de tipo cualitativo basado en los estudio de casos que permitieron la indagación de las características que adquirió el proceso de construcción de políticas para la agricultura familiar. Desde el año 2003, pero con mayor énfasis desde el 2008 y hasta el 2015, la categoría de agricultura familiar experimentó un proceso de fortalecimiento institucional y mayor visibilidad social. Es en dicho marco, que la misma apareció vinculada a la inclusión social en análisis académicos e iniciativas públicas. No obstante, esto conllevó una metodología de intervención estatal que individualiza y focaliza la atención y las estrategias de resolución de las problemáticas que afectan a la agricultura familiar, en contraste con el tipo de demandas de las organizaciones del sector, las cuales están dirigidas a un tipo de regulación estatal directa sobre las relaciones socio-económicas que generan desigualdad. Por ende, la investigación se interroga acerca del contraste entre el tipo de intervención derivado de la inclusión social a través de las políticas dirigidas a los agricultores familiares respecto a sus demandas específicas. Para la realización del trabajo de tesis se diseñó una estrategia metodológica de tipo cualitativa, centrada en dos casos de estudio. La información fue de tipo primaria, y secundaria, por medio de entrevistas semi-estructuradas y flexibles, y el análisis de bases de datos, informes oficiales y estudios científico-académicos. El hallazgo principal de la investigación reflejó que la inclusión social a través de las políticas públicas para los agricultores familiares en La Plata y Oberá, recubre de mayor grado de aceptación a una modalidad de intervención estatal centrada en la atención parcial y segmentada de los agricultores familiares, soslayando las relaciones sociales sobre las cuales se estructuran, lo que reproduce un abordaje de políticas públicas que favorece la continuidad de la posición subordinada de los agricultores en los modelos productivos de los dos casos de estudio