La hospitalización involuntaria en el tratamiento psiquiátrico es una problemática de constante preocupación e intenso debate en diferentes países, porque esta coerción, constituye en la ley civil, la restricción más seria de la libertad de una persona. Esto amerita establecer un equilibrio entre prioridades de seguridad y protección de la comunidad en un sentido, y en otro, la libertad individual y los derechos del ciudadano que padece una enfermedad. Debido a las diferentes legislaciones, distintos procedimientos, modalidades de registro, aspectos sociales y demográficos entre otros, dicho fenómeno adquiere la fisonomía de cada región. La Organización Mundial de la Salud fija lineamientos y pautas generales a seguir, no obstante las soluciones a aplicar deben ser la apropiadas de acuerdo a cada contexto local. En la provincia de Córdoba, la judicialización se ha transformado en el sello cultural regional de la internación psiquiátrica en particular, cuando en realidad un ciudadano no debería ser admitido involuntariamente si pueden emplearse otras alternativas menos restrictivas, como la atención psiquiátrica comunitaria. El tema en estudio involucra diferentes aspectos, médico-psiquiátricos, éticos, legales, sociales e institucionales entre otros, como las urgencias psiquiátricas, los criterios de internación, las concepciones de peligrosidad, la legislación vigente, los procedimientos, el riesgo y la responsabilidad profesional, los aspectos bioéticos, los derechos humanos, el traslado de pacientes, el costo social y económico, y por último las alternativas del sistema de salud a la internación psiquiátrica involuntaria. Los organismos del estado responsables en el abordaje de esta problemática habitualmente funcionan en forma desorganizada y excluyente, por ello se deben protocolizar y coordinar las acciones de los mismos, según las prioridades de seguridad, salud y legales, sin olvidar que la internación de pacientes, toda vez que no exista una conducta delictiva, es exclusivamente un acto médico siendo la justicia responsable de controlar y otorgar las garantías constitucionales por vía de la autorización.